Responsabilidad penal adolescente:
Un desafío para las universidades
La formación especializada en este tema implica no sólo el manejo de aspectos jurídicos diferenciados, sino también una especialización que tiene que ver con el trato con los jóvenes y la relación de confianza que se construye con ellos. Ahí está el gran desafío para las universidades.
El sistema penal chileno ha sufrido varias modificaciones, planteando de paso desafíos a los distintos actores que en él participan. Es el caso de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (RPA), que dio paso a la creación de la Unidad de Defensa Penal Juvenil e impuso el desafío de la especialización a los abogados defensores, los fiscales y los jueces.
El reto no es menor, sobre todo si se considera que la carrera de derecho entrega una formación general y que aún no existen en nuestras universidades posgrados en la materia. Gonzalo Berríos, académico de la Universidad de Chile y jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, explica que la formación especializada en este tema implica no sólo manejo de aspectos jurídicos diferenciados (Ley de RPA y Derechos del niño), sino también una especialización que tiene que ver con conocer aspectos como la criminología de los adolescentes.
"Los abogados que trabajan con niños necesitan manejar técnicas especiales de entrevista para lograr la relación de confianza con el joven. No es fácil ser abogado defensor de un adolescente, hay que construir la confianza a partir de la desconfianza innata de los jóvenes en el mundo de los adultos".
Explica que la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes exige que tanto los defensores, como fiscales y jueces, deben ser especialistas, y sólo acepta como excepción que dicho rol lo cumpla un operador judicial no especializado. Sin embargo, en la práctica sólo los defensores -de la Unidad de Defensa Penal Juvenil-se han especializado. En el caso de los fiscales y jueces, la especialización se da sólo en ciertos casos particulares.
"En el campo de los defensores, la formación especializada ha sido provista por la propia Unidad de Defensa Penal Juvenil. Contamos con 50 defensores que se dedican exclusivamente a la defensa de adolescentes, lo que implicó 80 horas de capacitación en la materia, y que marca el diferencial propio del nuevo Sistema Penal Adolescente", sostiene Berríos.
Y agrega: "Dentro de la Defensoría se han realizado estudios que muestran que esta especialización ha significado, por ejemplo, que los adolescentes sean de los usuarios que presentan mayor satisfacción con los servicios brindados. Asimismo, los jueces señalan a los defensores penales adolescentes como los más especializados, y advierten que eso tiene directa relación con la resolución de casos".
Este panorama plantea una desafío para las universidades. Tarea que tiene que ver con incluir más el tema en los cursos de pregrado y diseñar magísteres en derecho penal adolescente. Cabe destacar iniciativas como el curso de Defensa Penal Juvenil, que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está dictando este año por primera vez. Y en la Universidad Diego Portales, que hasta ahora lo había hecho como ramo electivo, y partir de 2011 se incorporará como una materia transversal dentro de los cursos de la malla obligatoria.
El rol de las universidades
Jaime Couso, profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales, reconoce que la Defensoría es la institución que más sistemáticamente se ha preocupado de la formación y especialización de sus operadores en derecho penal de adolescentes.
"Los tribunales de justicia cuentan con cursos de perfeccionamiento a través de la Academia Judicial, pero una gran cantidad de jueces los cursó antes de que la ley entrara en vigencia. Además, estos cursos no están diseñados de modo muy atractivo para los jueces. Son demasiado intensivos (con obligación de trabajo presencial en sala durante 8 horas seguidas) y con pocas posibilidades (por su formato, horario y los recursos asignados) de desarrollar metodologías más activas que permitan a los jueces estudiar y preparar con anticipación una reflexión sobre los problemas jurídicos de la nueva ley, a fin de plantear una discusión".
El académico advierte que hoy, tras cuatro años de la entrada en vigencia de la ley, existen mucha más información y desarrollo jurídico, incluso con estudios que sistematizan la jurisprudencia de los tribunales, que examinan las diversas formas de entender y aplicar la ley, y la comparan con la jurisprudencia internacional y comparada, el derecho de otros países, etc.
Sobre el rol de la universidad en esta necesaria especialización, aclara que participan en la formación de los jueces, a través de los cursos del programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial.
"Las universidades por si mismas también han ofrecido algunos diplomados en la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pero dado que los operadores de las instituciones interesadas tienen sus propios cursos de formación son pocos los que tienen incentivos para matricularse, a costa suya, en un diplomado o postítulo más extenso y complejo, como el que puede ofrecer una universidad. De ahí que algunos de estos programas universitarios terminan por no dictarse por falta de alumnos".
Un mejor sistema
Las carencias en especialización en Responsabilidad Penal Adolescente claramente tienen efectos no deseados.
A juicio de Berríos, la principal dificultad tiene que ver con mirar la problemática de los adolescentes desde el prisma de los adultos. Es decir, juzgar y eventualmente sancionar a un joven como si fuera un mayor de edad. "Sin ver los matices que implica la adolescencia, sin manejar la Ley Penal Adolescente, sin conocer el rol de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), sin diferenciar que los fines de esta ley buscan la reinserción social, distinta a la ley penal de los adultos que es mucho más punitiva".
Esta falta de especialización, dice, afecta el cumplimiento de los fines de la Ley Penal Adolescente. "Puede influir incluso en las políticas públicas por la vía de sobreutilizar los servicios del Sename cuando no sea necesario".
Sobre el panorama a futuro, advierte que poco a poco se comienza a ver el interés de las universidades por incluir el tema dentro de sus mallas curriculares. "El tema penal juvenil tiene muchas aristas, y puede ser atractivo para los estudiantes de derecho dado que además hay una cercanía generacional y es un área de mucha relevancia social".
Asimismo, Berríos dice que lo esperable es que el sistema universitario pudiera formar además centros especializados de investigación en la materia, lo que contribuiría a que el sistema funcione mejor. "En la medida en que las instituciones como la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública puedan acceder a abogados con cierta formación en la materia permite que el sistema opere mejor desde el punto de vista jurídico y práctico".
"Todos los estudios demuestran que vale la pena contar con defensores especializados, y en general contar con más actores especializados dentro del sistema. Espero que en el mediano plazo existieran además tribunales penales juveniles".
Para el académico de la UDP, más allá de la capacitación, la aplicación especializada de la nueva Ley Penal de Adolescentes exige, como se ha hecho en otros países, destinar exclusiva o preferentemente defensores, fiscales y jueces al tratamiento de estas materias.
"Hasta ahora, en Chile, las experiencias han sido más bien aisladas, se han dado en ciertas jurisdicciones o en determinados tribunales de garantía, sin que se aprecie un plan más integral, salvo, en buena medida, en el caso de la Defensoría Penal Pública", concluye el académico.
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